¿PROPIEDAD PRIVADA?

Hace unos días unos desadaptados barristas de la "U" provocaron la muerte de una joven que tuvo la mala suerte de cruzarse con ellos en un vehículo público. Paola Vargas, una recién graduada contadora fue empujada del carro cuando pretendía bajar porque no aguantó la falta de respeto de los energúmenos que acostumbran hacer de las suyas donde estén.
El resultado fue fatal, como lo han sido desde hace varios años los contínuos desmanes que provocan estos "hinchas" que dicen pertenecer a las barras bravas. Asesinatos, robos, daño a la propiedad pública y privada, etc., son el pan de cada día cuando hay partidos donde juegan los equipos de fútbol más tradicionales como la U, Alianza u otros; sea en Lima o provincias.

Para proteger a la sociedad, grandes contingentes de policías son ocupados en labores de resguardo dentro y fuera de los estadios y hasta sacan carros portatropas que acompañan las marchas de las barras desde cualquier punto.

El gasto público que ésto genera es fuerte, lo acaba de señalar el sociólogo Juan De la Puente en un programa de televisión. ¿Cómo es posible que el Estado tenga que despilfarrar en la protección de un negocio particular? ¿Acaso Burga y sus socios no reclaman que el gobierno no puede meter sus narices en el fútbol porque es privado? Entonces, ¿qué hace el Estado brindando servicio de seguridad a los equipos de fútbol y a sus barras?

El problema de las barras desbocadas empieza por lo básico: los clubes y su negocio por encima de la seguridad ciudadana. No les interesa lo que pase con los vecinos o transeúntes, eso es problema de la policía y si algo sucede -como el caso de Paola-, pues una alzada de hombros y a seguir programando otro partido.

Puesto que nadie puede intervenirlos, entonces obligémosle a que contraten seguridad privada, que sean responsables de lo que suceda dentro y fuera del estadio y de lo que hagan sus barras oficiales por donde se desplacen. De ese modo, los mismos clubes tomarán las medidas correctoras y controlarán, puesto que conocen a su gente, los desmanes. Para ello, pueden contratar guachimanes, o construir un equipo tipo serenazgo.

Y si estas instituciones o la misma Federación insisten en utilizar a la policía, pues pongámoles condiciones como: estar obligados a brindar información sobre sus barras, empadronarlas, hacer donaciones para equipar mejor a los agentes policiales y, principalmente, permitir transparencia en su manejo dirigencial dejando que les hagan auditoría cuando sea necesario; si no aceptan, pues que se queden sin la seguridad gratis que hasta ahora le brinda la policía. A ver si los municipios o Defensa Civil le otorgan permiso para jugar aunque sea una pichaguita.